La reforma ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y aprobada previamente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en el Senado. Gracias a ella, se incluye la accesibilidad cognitiva dentro del marco general de accesibilidad universal, reconociendo de forma expresa el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información y al conocimiento de su entorno y dotándolo de soporte legal y jurídico.
